viernes, 4 de octubre de 2019

“Perú: ¿solamente un susto?”

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La reciente situación política en Perú ha atraído la atención de la opinión pública mundial, por la lamentable turbulencia en esa materia que caracteriza a nuestras naciones.

Aunque las aguas han bajado, la situación aún no se ha calmado del todo. Somos muchos quienes seguimos a la expectativa ante los complejos vericuetos de este caso, que en mucho nos resuenan, de cara a los enfrentamientos que también se viven en la Venezuela de estos días.

Pero vamos por partes: ¿qué fue exactamente lo que sucedió en la nación inca?

Los hechos son complicados y hay que profundizar un poco para ponerlos en contexto. Para algunos, fue que, simplemente, el país tuvo de pronto a dos presidentes. Por si eso fuera poco, se añade un Congreso disuelto. Como crisis política, no es poco. Y había que decidir cuál presidente era el legítimo y cuál el ilegítimo. ¿Es esto cierto? Podríamos decir que sí… Y que no.

Básicamente, el actual presidente en funciones Martín Vizcarra disolvió el Congreso, al considerar que el legislativo había retirado su apoyo por segunda vez a un gabinete durante el presente mandato presidencial de cinco años. Vale aclarar que este mecanismo está consagrado en la actual Constitución peruana.

La noche del lunes 30 de septiembre de 2019 se convirtió en un nuevo capítulo de la crisis e inestabilidad política que ha sido recurrente en la historia peruana, luego que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso y a su vez el parlamento suspendiera al mandatario y nombrara a Mercedes Araóz como gobernante interina.

El gesto presidencial se produjo frente la imposibilidad de Vizcarra de impulsar una agenda legislativa ante la oposición del partido fujimorista Fuerza Popular, lo que llevó a disolver el parlamento, en esta medida que, desde el Congreso, fue calificada como un “golpe de estado”.

¿Quién tiene la razón?

Aunque Fuerza Popular mantiene su mayoría en el Legislativo, el presidente puede recurrir a la llamada “moción de confianza”. Según la Constitución, se trata de un mecanismo por el cual el Ejecutivo puede consultar al parlamento sobre el tema que crea conveniente. Pero si los legisladores rechazan este pedido en dos oportunidades, el presidente puede disolver el Congreso.

Vizcarra había presentado dos cuestiones de confianza, una había sido rechazada por el Legislativo y esto -como también dice la ley- lo obligó a renovar su gabinete; mientras que la segunda fue aprobada por el Parlamento en junio pasado.

Pero la imposibilidad del gobierno de renovar la manera para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, llevó a Vizcarra a plantear una nueva moción de confianza al Congreso.

Vizcarra lanzó un ultimátum al Parlamento, al anunciar que lo disolvería si le negaba el voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal fuera entregado a la oposición.

Pero el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, fijó antes la votación para elegir los miembros del Tribunal Constitucional, lo que Vizcarra interpretó como un rechazo a su moción de confianza y anunció la disolución del Congreso.

Como en una película de suspenso, mientras Vizcarra anunciaba el cierre del Legislativo, los parlamentarios aprobaban la moción de confianza, aunque para el mandatario ya era demasiado tarde.

El disuelto parlamento no tardó en reaccionar, suspendiendo por un año a Vizcarra para ejercer el cargo de presidente y nombró como presidenta interina a Mercedes Aráoz.

Mientras tanto, Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en el diario oficial.Por si fuera poco, Araóz renunció al día siguiente, en medio de caldeadas protestas callejeras.

Desde nuestro punto de vista, todo sucedió gracias a un juego político trancado, a la incapacidad de ceder de los dos sectores y a un gravísimo bache comunicacional. Cuando el primer mandatario consideró que la relación con el Parlamento estaba rota y era insalvable, este dio el paso que había postergado. Y todo estuvo en el marco de la ley, en el frágil equilibrio de su interpretación, en la imprecisa frontera en la cual se puede detonar un conflicto por “error humano” en la interpretación de la letra.

Vizcarra luce hoy fortalecido y reitera que gobernará hasta el 2021, final de su período. La renunciante Aráoz exigió adelanto de elecciones presidenciales. La sangre afortunadamente no llegó al río, pero la crisis sigue latente.

Lo cierto es que ha quedado abierta una fisura en la institucionalidad peruana, se ha expuesto ante el mundo el nivel al cual puede escalar un desacuerdo que anida como una bomba de tiempo en su perenne intento por mantener viva la democracia, que parece costar tanto a las naciones latinoamericanas.

David Uzcátegui
Twitter: @DavidUzcategui
Instagram: @DUzcategui

 
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