La larga y tortuosa historia que
se ha venido desarrollando alrededor de la empresa petrolera venezolana CITGO,
con sede en Estados Unidos, ha dado esta semana un giro peligroso, que puede
lesionar gravemente uno de los activos más valiosos de nuestra nación.
Se trata de que una corte federal
estadounidense rechazó una apelación de representantes de Venezuela en el caso
que la enfrenta con la minera canadiense Crystallex, lo cual le permitiría a
esta última anexarse activos de CITGO, nuestra medular empresa filial de
Petróleos de Venezuela, con sede, activos y operaciones en el país del norte.
Haciendo un poco de historia,
tenemos que recordar que voceros de los intereses de nuestro país habían
llevado ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Filadelfia el fallo
de un juez en primera instancia, quien en el 2018 concedió a Crystallex
anexarse activos de PDV Holding —la sociedad comercial dueña de CITGO —para
satisfacer un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares. Crystallex ganó el
laudo en compensación por la expropiación de sus activos en Venezuela durante
el gobierno de Hugo Chávez.
Este episodio, por tanto, nos
remite a uno de los más amargos tramos históricos recientes: el de las
expropiaciones de la década pasada. Y vayamos mucho más atrás en la historia,
porque las tempestades de hoy no salieron de vientos de la nada. Tienen sus
raíces en hondos errores del pasado.
Después de ganar las elecciones
de 2006, el hoy fallecido presidente Chávez anunció un programa de
nacionalización de lo que el consideró “empresas de sectores estratégicos”, una
denominación en la cual caían desde servicios claves como la luz y el teléfono
hasta compañías de alimentos; y que pasaba obviamente por el amplio abanico de
negocios petroleros.
Se comenzó por la compra de
empresas que eran operadas eficientemente por capital privado, para ir forzando
la barra cada vez más en el voraz afán que tenía un mega estado hipertrofiado:
engullirlo todo, tener todo bajo su poder. Una conducta apalancada en los
entonces elevados precios petroleros. Una riqueza que no sirvió para construir
sino para atropellar, y cuyo desatinado manejo estamos todos pagando hoy.
Y, por si fuera poco, se toparon
–como era de esperarse– con los desacuerdos de algunas de las empresas objeto
de expropiación, ante la manera como se estaban haciendo las cosas.
Fue entonces cuando sucedió lo
que muchos temían: las llamadas expropiaciones desbordaron la figura legal que
se ampara bajo este nombre y comenzaron a hacerse de una manera plagada de
irregularidades.
En esta situación cayó la empresa
minera Las Cristinas, operada por la canadiense Crystallex desde el año 2002.
Fue el caso más sonado y representativo de aquella ola de expropiaciones que se
venía dando desde casi 2 años antes, entre otros motivos, por tratarse de una
compañía extranjera. Sucedió el 5 de noviembre de 2008.
El enfrentamiento de la empresa
con el Estado venezolano, a fin de ser resarcida por su daño patrimonial, ya
supera la década y ha sido llevada a escenarios internacionales, amén de haber
sido noticia mundial durante todo este tiempo.
Se ha convertido en el perfecto
ejemplo de cómo se manejaron irresponsablemente las cosas en la Venezuela de la
década pasada. Esta inconsciencia, ensordecida en su momento por el derroche petrolero,
nos hace enfrentar hoy sus más amargos frutos.
No se sabe aún qué acción tomarán
los representantes de Venezuela, quienes podrían apelar la decisión y obtener
una audiencia “en banc”, un recurso legal que contempla el derecho
estadounidense, en donde todos los jueces de una corte escuchan el caso.
“Después de ahí, si esa audiencia vuelve a fallar en contra de Venezuela y
deciden apelar tendría que ser en la Corte Suprema”, según explicó a la Voz de
América Russ Dallen, abogado y socio de la firma de inversores Caracas Capital.
Los actores políticos y
económicos son otros. Venezuela sigue aquí, golpeada por innumerables
desaciertos que todos conocemos, que sería largo enumerar y que no son el tema
de estas líneas.
Sin embargo, somos los
venezolanos de hoy quienes estamos viendo cómo se puede llegar a materializar
un grave daño patrimonial en contra de uno de los activos claves de nuestra
nación.
CITGO es un activo clave de
PDVSA, ya que se trata de la ventana para comercializar nuestro petróleo en el
enorme mercado estadounidense, nuestro principal aliado comercial por
tradición. Sus ingresos se han financiado muchos de los desaciertos que hemos
padecido en los últimos años.
Y, ante la imposibilidad de
entenderse con el gobierno venezolano, Crystallex acudió a instancias
internacionales, donde se encuentra en posición de vulnerabilidad el valioso
activo que hoy está en juego. Fue un riesgo que la soberbia no midió.
David Uzcátegui
Twitter: @DavidUzcategui
Instagram: @DUzcategui
