Como si de una operación
realmente programada se tratara, la inestabilidad latinoamericana que hemos
observado en las últimas semanas sigue subiendo la temperatura. Y en esta
ocasión vamos a hablar de Bolivia, otra nación estremecida por acontecimientos recientes.
El terco empeño de su gobernante,
Evo Morales, por permanecer aferrado al poder, ya venía encontrando sectores
adversos cada vez más crecientes desde hace rato. Sin embargo, los sucesos que
rodearon al más reciente proceso comicial parecen haber sido la gota que
definitivamente derramó el vaso, y lo que podría conducir a unos
acontecimientos sin retorno.
Y es que Bolivia vive desde hace
más de dos semanas bajo incesantes protestas, después que la oposición y
movimientos cívicos denunciaran un fraude en el recuento de votos a favor del
presidente, al que el órgano electoral dio como vencedor en primera vuelta para
un cuarto mandato consecutivo.
Sin embargo, aquí existió una
grave irregularidad, de cara a lo que establecen las leyes bolivianas. Las
elecciones generales se realizaron el 20 de octubre pasado, no solamente para
elegir al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, sino también a
sus 130 diputados y 36 senadores de cara al período gubernamental 2020-2025.
El 25 de octubre el Tribunal
Supremo Electoral de Bolivia dio a conocer los datos del 100 por ciento del
conteo, otorgando al partido Movimiento al Socialismo, de Morales, el 47,08% de
los votos, mientras que Comunidad Ciudadana ,del candidato opositor Carlos
Mesa, sumó 36,51% quedando descartada así una segunda vuelta.
Pero resulta ser que las normas
bolivianas establecen expresamente que, en caso de que ningún candidato
alcanzara el 50% de los votos válidos o —habiendo superado el 40%— tuviese una
diferencia de 10% o más sobre el segundo, el eventual balotaje para la elección
presidencial es ineludible y estaba previsto que se realizaría el 15 de
diciembre de 2019.
Todo esto sucedió después que el
candidato opositor Carlos Mesa había anunciado que ya era inequívoco el escenario
de una segunda vuelta, tras lo cual se suspendió el conteo de votos con el 84%
escrutado. Los opositores alegan que dicho conteo se suspendió justamente
porque la segunda vuelta era ineludible, como lo confirman las cifras finales.
Por su fuera poco, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio
Costa, renuncia públicamente al considerar que es una irregularidad inaceptable
la suspensión del conteo. Es este el escenario que detona las protestas.
Ante los ojos del mundo, el
gobierno de Morales saltó una norma, y no cualquiera, sino una crucial para la
democracia de su nación. Una acción que amenazaba con incendiar la pradera. Y
lo ha hecho.
Es por ello que, en los últimos
quince días, la nación suramericana ha vivido intensas manifestaciones
exigiendo en primera instancia la segunda vuelta, pero también la renuncia de
Morales, ante un hecho que es considerado inaceptable por buena parte de los
bolivianos, quienes han chocado en las calles con los partidarios del
mandatario cuestionado, en manifestaciones a favor y en contra que han hecho
perder la paz al país.
Pero los enfrentamientos no se
han dado solamente en las calles. El Colegio de Abogados de la combativa región
opositora de Santa Cruz presentó ante el Ministerio Público de ese país una
denuncia penal contra los cinco vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Los abogados acusan a estos
vocales de haber incurrido en delitos electorales como la doble o múltiple
inscripción, la falsificación de documentos o uso de documentos falsificados,
la manipulación informática, la alteración y ocultación de resultados,
alteración o modificación del padrón, así como de las actas electorales.
Todo esto es mucha más leña que
contribuye a alimentar un fuego que, al día de hoy, no da señales de pretender
apagarse.
Lamentablemente, Evo Morales es
otro representante del populismo que le ha hecho tanto daño a
Latinoamérica. Se ha erigido a sí mismo
como un caudillo más, de esos que pretenden hacerse los imprescindibles, con el
fin de eternizarse en el poder, saltando no solamente las leyes de sus
respectivas naciones, sino también las más elementales normas de la democracia.
Hoy, importantes actores de la
comunidad internacional condenan la obvia irregularidad de haber confiscado al
país el derecho a la segunda vuelta, cuando no hubo manera de ocultar que los
números no les daban.
Morales se coloca así en un
escenario de enorme complejidad. Ha logrado torear por años el creciente
descontento y rechazo ante su tozuda decisión de no entregar el gobierno, pero
las cartas para jugar se le acaban.
¿Podrá Bolivia hacer valer la
justicia en esta delicada situación? El continente observa, porque la suerte de
uno afecta a todos.
David Uzcátegui
Twitter: @DavidUzcategui
Instagram: @DUzcategui