David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Quizá uno de los más lamentables
legados que nos estén dejando estos días a los venezolanos, sea el irrespeto a
los poderes constituidos, y más aún si hablamos de poderes legítimamente
electos por la ciudadanía.
El más reciente y doloroso
episodio que refrenda lo que aquí afirmamos, se dio el pasado 5 de julio con
motivo de la conmemoración de los 206 años de la Independencia de nuestro país.
Sin coordinación alguna y
haciendo uso de la fuerza, representantes del poder Ejecutivo invadieron el
Palacio Federal Legislativo para hacer a su manera, lo que ellos consideraban
que debían hacer en la fecha.
Lógicamente, y si nos
retrotraemos a las prácticas de los países civilizados, la ocasión es adecuada
para que los poderes convivan y se reconozcan bajo la celebración de la fecha
patria. Pero sabemos que Venezuela está fracturada, tremendamente
fracturada. Y eso, lamentablemente, no
es posible.
Se trata de un episodio muy
lamentable, que no deja de ser otro retrato más de cómo no se debe proceder en
naciones democráticas, donde es normal que diversos entes del Estado estén en
manos de corrientes políticas diferentes
e incluso opuestas, sin que ello implique menoscabo del respeto y de la
convivencia.
O más aún, justamente por ello,
estas virtudes deben prevalecer, en tanto y en cuanto el hilo de la civilidad
es cada vez más delgado en forma proporcionalmente inversa a los desacuerdos
entre tendencias políticas opuestas.
El hecho en cuestión es el más
reciente de una serie de atropellos al poder Legislativo, el cual no es
reconocido desde el Ejecutivo a partir de haber sido ganado en forma
avasallante por las fuerzas alternativas democráticas en diciembre de 2015.
Desde entonces, hemos visto cosas
como las polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que tuvieron
que ser echadas para atrás por su carencia absoluta de bases; o la toma del
parlamento por parte de fuerzas del orden y de grupos civiles afectos al
gobierno que atropellaron al presidente de ese poder el pasado 27 de junio, e
incluso mantuvieron retenidos contra su voluntad a un grupo de periodistas que
eran homenajeados ese día.
Situaciones como las enumeradas,
se suman al del nombramiento en paralelo de dos vicefiscales generales de la
República, uno por el Legislativo y otro más por el poder Judicial. Esto
solamente por recordar otro de los casos más recientes que enfrentan a los
poderes públicos nacionales.
Recordemos que la Sala
Constitucional designó a Katherine Nayarith Haringhton Padrón como vicefiscal
en desconocimiento de la Asamblea Nacional. Esto sucedió apenas un día después
de que el Parlamento, controlado, por la oposición, ratificara en ese cargo a
Rafael González, designado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el 17 de
abril pasado.
De acuerdo con el artículo 25,
apartado 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Parlamento es el
único que puede proceder a elegir al vicefiscal. Este lunes la mayoría de los
parlamentarios aprobó a Rafael González para el cargo.
Este nuevo impase que se suma a
una lista ya demasiado larga, es una muestra de que la convivencia entre
poderes se encuentra atravesando un trance sumamente delicado y que movimientos
como los realizados en la mañana del 5 de julio deben ser hechos con el mayor
protocolo posible, en tanto y en cuanto los ánimo están por demás revueltos en
el país.
El desafío en estas
circunstancias no es un buen consejero. El venezolano ha probado sobradamente
tener una aguda intuición política y una formación ciudadana sólida, y percibe
por tanto cuando se realiza un movimiento indebido de cara al bienestar
nacional.
En pleno siglo XXI ya no se trata
de quién tiene la fuerza; sino de quién quiere el bienestar nacional y trabaja
por el mismo. Cualquier otra agenda debe quedar automáticamente execrada, ante
los complejos días que vivimos.
Mil veces lo hemos dicho en este
espacio: el país no va a salir del trágico revés que hoy transita si todos no
remamos en la misma dirección. Parece que no se comprende que esta
confrontación, que hace rato pasó de castaño a oscuro, nos va a hundir a todos,
en caso de seguir adelante. Aún a quienes le apuestan a ella como arma
política, pensando que así pueden mantener, acrecentar y perpetuar el control.
Somos los primeros que votamos
por una convivencia transparente y sana entre poderes, en tanto y en cuanto
sabemos que es el pilar fundamental para el progreso de un país. Sin embargo, y
con la sinceridad por delante, eso no parece posible en la coyuntura actual.
No solamente la ciudadanía
vigila, el mundo también. Volver al cauce de la institucionalidad sería lo más
recomendable y lo más ano para todos. Una relación ganar-ganar. ¿Será posible
aún?
