David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Lo que está sucediendo en
Venezuela es francamente telúrico. Cada vez son más lapidarias las evidencias
de que el actual gobierno no atina al camino del bienestar de los venezolanos
y, muy por el contrario, parece muy eficaz en coleccionar calamidades para la
gente.
No asombra por ello, que las
voces que señalan esta incuestionable realidad se multipliquen, sumando incluso
unas cuantas que hasta ahora los acompañaban o se mantenían en la discreción,
lo cual –para nosotros- es una muestra de que la ciudadanía avanza por el
camino correcto en el tenaz reclamo de sus derechos.
Una de esas voces que ha
sorprendido en los últimos días es la de la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz. Su actuación de tono técnico e institucional ante la acción
de los cuerpos de seguridad, ha sido seguida por la opinión pública con marcado
interés.
Todo comenzó con una esperada e
inesperada rueda de prensa ofrecida el pasado 24 de mayo, en la cual la
funcionaria detalló una serie de casos de excesos en la fuerza pública durante
las más recientes demostraciones de calle, escenificadas en varios centros
urbanos del país desde el día 6 de abril.
Y en el marco de este evento, las
posiciones respecto a la actuación del Ministerio Público se modificaron, ya
que las declaraciones de su cabeza sentaron un precedente, en medio de la
crisis actual de nuestra nación.
“No es momento para
instrumentalizar las muertes. Hago un llamado a todos los grupos políticos para
que dejen de hacer hipótesis que se divulgan como rumores, que solo generan más
zozobra”, fue una de las frases más impactantes del encuentro. Con ella, queda
claro que la institución estaba cumpliendo su rol tan necesario de equilibrio
en medio de la vorágine. Algo que deseábamos todos los venezolanos.
Posteriormente ofreció un balance
de los 54 días de protestas que iban hasta ese día 24 de mayo. Precisó que el
Ministerio Público contabilizaba 55 fallecidos, 52 de los cuales son civiles y
3 funcionarios policiales o militares; 1.000 lesionados, 771 de los cuales son
civiles y 229 funcionarios. Adicionalmente, detalló que había 346 bienes
inmuebles públicos o privados quemados o saqueados.
Mención aparte merece la
discrepancia entre la funcionaria y el ministro de Relaciones Interiores y
Justicia, Néstor Reverol, respecto a la causa de la muerte del joven Juan
Pernalete. La divergencia entre dos poderes es algo normal en todas las
democracias del mundo; pero en Venezuela aparece como una noticia, porque no es
lo usual. Sin embargo, no hay que hilar muy fino para ver que eso es un avance
y una situación no solamente necesaria, sino bienvenida, en medio de la
complicada fase de nuestra historia que hoy atravesamos.
Por si fuera poco, Ortega
presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la
convocatoria de Maduro de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva
Constitución y reformar el Estado.
Al igual que quienes adversan al
gobierno, critica que no haya un referendo previo para consultar si la
población la desea o no. También critica las bases de elección, que será
territorial y sectorial, sistema igualmente censurado por la oposición.
Se trata de otro matiz entre las
voces que se alzan para mostrar su desacuerdo con el rumbo que lleva el país, y
eso es sumamente valioso. Quienes clamas por una rectificación del rumbo, son
cada vez más variopintos, lo cual reafirma la legitimidad de los reclamos.
Y es que tenemos una vez más que
reconocer nuestros logros como una colectividad que lucha por derechos
irrenunciables. La lista de personajes públicos y de funcionarios de rango que
se apegan a lo que dice la ley y el derecho, sigue creciendo.
Desde las declaraciones del
ministro de la defensa Vladimir Padrino López –quien condenó los excesos de la
fuerza pública- hasta los pronunciamientos y las acciones de Luisa Ortega Díaz,
podemos ver cómo desde abajo, desde la masa, desde el pueblo, se está
presionando a quienes tienen responsabilidades dentro del poder a tomar
posición. Y eso es ganancia. Porque las posiciones son a favor de los más
desamparados e indefensos en este duro pulso que se libra en el país.
También –y ya lo sabemos- se
alzan cada vez más voces disidentes dentro del oficialismo, contra una Asamblea
Nacional Constituyente que no cumple los supuestos que están especificados en
la misma Carta Magna a la cual pretenden derogar. Porque es eso lo que se
quiere, aunque se disfrace con palabras suaves y se utilice el truco de los
“caramelos de cianuro”, como se ha dicho en ocasiones anteriores.
Hay quienes afirman que toda voz
de disidencia es bienvenida, y estamos de acuerdo, pero, más allá de eso, la
acción institucional de un poder, es una ganancia de un valor incalculable en
el momento actual.
