David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Que el gobierno se las ingenie
para lanzar un pote de humo cuando tiene el agua al cuello, es algo que desde
hace rato no nos sorprende. No es la excepción en el momento actual, cuando con
una inflación desatada, inocultable desabastecimiento de alimentos y medicinas
y una inseguridad que llama la atención del mundo entero, les ha dado por
lanzar una jugada que la opinión pública ha bautizado como el “Dakazo II”.
Haciendo un poco de amarga
memoria, recordemos que el término “Dakazo” se refiere a un conjunto de
acciones emprendidas por el gobierno años atrás, forzando a las tiendas
minoristas electrónicas a vender sus productos a precios mucho más bajos;
siendo Daka el comercio más prominente involucrado en los hechos.
Por “casualidades” de la vida, el
llamado Dakazo ocurrió el 8 de noviembre de 2013, pocas semanas antes de las
elecciones municipales. Los forzados cambios en los precios de Daka sumaron
algunos puntos al partido gobernante en los comicios, aunque la venta masiva de
bienes por debajo de su precio causó escasez adicional en los meses siguientes
a la iniciativa y jamás se pudo recuperar el inventario.
Volviendo al presente, hace unos
días, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos ordenó bajar los precios de artículos de tiendas ubicadas en
Sabana Grande, Caracas.
El vocero de la acción fue el
superintendente de la Sundde, William Contreras, quien dijo que la orden es que
“todos estos comercios rebajen sus precios especulativos entre 30 y 50%" y
agregó que al menos 463 funcionarios del ente, "están en las calles en
defensa del pueblo".
En reacción a estos hechos, el vicepresidente del Consejo
Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio, Alfonso Riera, calificó
como un nuevo “Dakazo” el mencionado proceso.
En entrevista concedida a César
Miguel Rondón en Unión Radio, Riera aseguró que estos operativos se traducirán
en más establecimientos comerciales cerrados y que es poco probable que luego
puedan volver a abrir. Además denunció que hubo “maltrato, humillación y
vejamen” contra los comerciantes durante estos procesos.
Consideramos que no es para nada
casual que se reedite una maniobra tan similar a la que vivimos hace poco más
de tres años. En aquel momento, teníamos un proceso electoral a la vuelta de la
esquina. En la actualidad, el haberle
cerrado las puertas al que tocaba para este momento histórico –el referendo
revocatorio presidencial- ha elevado la presión social en el país hasta niveles
inimaginables.
Y es que sencillamente, los
ingresos no alcanzan debido a la nefasta política económica, empecinada en
seguir llevando adelante acciones ampliamente probadas y fracasadas en el mundo
entero.
Por ello, la dirigencia
oficialista intenta una vez más comprar a la que considera su clientela
política, obligando a los comerciantes a vender su mercancía a precios por
debajo de los reales.
Lejos están de entender que los
costos no se decretan, y que la inflación se contiene mediante un delicado
equilibrio financiero, al cual han tratado con la pericia de un elefante en una
cristalería.
Ya es viejo –y redundante- que
culpen a empresarios y minoristas, que los criminalicen, señalen y persigan no
solamente con su enorme aparato propagandístico que todos pagamos; sino también
con armamento puro y duro, como el que se exhibió en la eufemísticamente
llamada “inspección” de las tiendas.
El inversionista, el empleador,
son sistemáticamente aterrorizados bajo la actual administración. Se les
colocan reglas imposibles de cumplir y los ponen contra la pared. Los terminan
llevando a la encrucijada de cerrar, de no volver a ofertar bienes y
especialmente, no volver a emplear a nadie, porque el negocio evidentemente
colapsó.
Venezuela está en el ojo del
huracán, en el centro de la peor crisis económica de su historia. Y quienes
tienen el poder, lejos de trabajar para resolverla, marchan a toda velocidad en
la dirección contraria.
Mientras redactamos este artículo
leemos sobre la inflación desbocada, la pérdida de empleos y la caída del
consumo y nos preguntamos si realmente vivimos en el mismo país. Porque, al
menos en el que nosotros palpamos habitualmente en las calles, sí se siente, y
con fuerza brutal, el reiterado retroceso en la calidad de vida.
Incluso, cabe preguntarse, si el
remarcaje de precios fue realmente injustificado, según dice la Sundde, por qué
entonces el gobierno pone en circulación monedas y billetes con varios ceros
más a la derecha.
Shows mediáticos, montados por
asesores miopes, como es el caso de esta reedición del Dakazo, son
sencillamente pan para hoy y hambre para mañana. Son jugar con fuego. Nos
preguntamos si para la próxima vez que quieran ganar puntos obligando a los
establecimientos a vender a pérdida, quedará aún alguno en pie.
