David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Teniendo como marco el creciente
deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, era previsible que un
elevado número de funcionarios públicos firmara para solicitar una salida
constitucional, pacífica, democrática y electoral a una crisis que podría ser
solucionada fácilmente por quienes hoy administran el país; pero se niegan a
ello por permanecer atados a un modelo político y económico que ha fracasado
reiteradamente por todo el mundo y que de hecho ya no es tomado en serio por
ninguna nación que le apueste al progreso y al bienestar de sus ciudadanos.
Ante la falta de rectificación y
el acelerado empeoramiento de nuestro entorno, lo venezolanos tenemos un
derecho, consagrado en la Constitución de 1999, la misma que promovió con tanto
entusiasmo el fallecido ex presidente Hugo Chávez. Y esa salida es el referendo
revocatorio, al cual puede ser sometido el primer mandatario nacional al
arribar a la mitad de su período.
Que quede claro entonces: los despedidos,
los amenazados, los invitados a renunciar, estaban ejerciendo un derecho
constitucional. Y un derecho que el líder de la autodenominada revolución tomó
como bandera en su primera campaña electoral.
Una consulta a la cual él mismo
se sometió en 2004, y que debería servir como ejemplo a quienes se dicen
preservadores de su legado. Existe, como dicen los abogados, una
jurisprudencia. Ya se celebró un referendo revocatorio presidencial y está
consagrado no solamente n la letra sino en los hechos.
Es extremadamente lamentable
que, por un legítimo derecho humano,
como lo es el de disentir, se ponga en juego el sustento de familias enteras en
momentos en los cuales tenemos la inflación más alta del mundo y en los cuales
el ingreso de por sí no alcanza para mantener un hogar.
Quienes idearon y aprobaron estas
retaliaciones contra trabajadores venezolanos demuestran tener bien poca
coherencia con los principios que dicen defender, ya que esto contradice entre
otras cosas, a la presunta inamovilidad laboral que se ha prolongado
reiteradamente y por encima de la cual no deberían pasar sus propios
propulsores.
El gobierno ha perdido sin duda
una oportunidad enorme de demostrar al mundo que sí tiene vocación democrática,
que sí puede haber diálogo y convivencia en el país, desde el mismo momento en
el cual se respeta que quienes trabajan en instituciones del Estado disientan
por los canales democráticos, pacíficos, legítimos y constitucionales que los
están haciendo.
Se prometió que no se volvería a
repetir la tristemente célebre Lista Tascón, la cual recogió la data de los
solicitantes del revocatorio presidencial de hace más de una década. Pero ante
la reiterada afirmación de altos cargos gubernamentales de tener los nombres y
apellidos de quienes son señalados poco menos que como delincuentes, vemos que
esta promesa cayó en un lamentable saco roto.
Y se va más allá: se les acusa de
saboteo interno, de incumplimiento de sus funciones, de mala atención a la
ciudadanía, de una colección de faltas que puedan hacer parecer un poco menos
miserable el desquiciado señalamiento que parte solamente del hecho de disentir
y de manifestarlo con una firma.
Eso de que todos somos necesarios
no es simplemente una frase bonita. No. El gobierno está a punto de cometer una
vez más el error que costó a Petróleos de Venezuela más de veinte mil de sus
trabajadores más especializados, precipitando su industria de uno de los
sitiales de honor en el mercado petrolero internacional, a unos parámetros
bastante más bajos, que hacen que la caída de los precios petroleros se sienta
con más fuerza, ante la coincidente baja de la productividad.
Se pretende prescindir pues, de
gente buena, trabajadora, preparada, con carrera en sus posiciones, que no
podrá ser tan fácilmente sustituida, como lo demuestra el mismo caso PDVSA. Y
los despedidos pasarán junto con sus familias momentos adversos, hasta que
alguna forma de salir adelante consigan. Pero el Estado venezolano habrá
prescindido de capital humano valioso que no se volverá a recuperar. En otras
palabras, esta locura no le conviene absolutamente a nadie, ni siquiera al
mismo gobierno.
Ojalá se cayera, por milagro, en
la reflexión. Ojalá se echara para atrás todo este despropósito, en el
entendido de que todos los venezolanos somos necesarios y de que alguien, en
algún momento, tiene que dar el primer paso para detener esta criminalización
del pensamiento independiente.
